Durante las últimas décadas, nuestro sistema de justicia ha experimentado profundas transformaciones a partir de la incorporación de la oralidad en los procedimientos judiciales. Este cambio, iniciado en materia penal y extendido posteriormente a las competencias de familia y laboral, ha permitido avanzar en inmediación, publicidad, transparencia y celeridad, pero también ha significado la aparición de nuevas exigencias cada vez más complejas para la judicatura en el ejercicio cotidiano de sus funciones.

Las audiencias orales se han consolidado como uno de los principales espacios donde se materializa el debido proceso. En ellas se ejerce el derecho a ser oído, se rinde y valora la prueba y se adoptan decisiones que pueden afectar los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, es a partir de las audiencias orales que la ciudadanía construye la imagen concreta del sistema de justicia y, en consecuencia, el grado de confianza que deposita en sus instituciones. Sin embargo, la dirección de audiencias actualmente enfrenta una serie de desafíos prácticos, tales como la gestión del tiempo frente a un alto volumen de causas por tribunal, el trato adecuado a personas en situación de vulnerabilidad y la consideración de necesidades especiales para garantizar su participación en los procesos, el resguardo de la neutralidad en contextos altamente mediáticos, la coordinación eficiente con los distintos intervinientes del sistema, entre otros.

Muchos de estos desafíos no derivan exclusivamente de la normativa vigente, sino de prácticas que se han instalado progresivamente en el Poder Judicial y que hoy forman parte de una cultura institucional donde conviven diversos estilos de conducción de audiencias que, en muchos casos, resultan drásticamente disímiles entre sí. Por otra parte, la ausencia de espacios de reflexión y de intercambio de experiencias entre pares dificulta aún más la superación de estos desafíos. En este sentido, consideramos que las oportunidades de mejora no dependen tanto de eventuales reformas legales, como del establecimiento de estándares comunes para la conducción de las diversas audiencias orales y de la difusión e intercambio de buenas prácticas judiciales.

En este contexto, la Academia Judicial pone a disposición de la judicatura y de quienes se encuentran en proceso de formación la presente Guía para la conducción de audiencias temas transversales, que identifica los principales momentos de la actividad jurisdiccional en audiencia, relevando nudos críticos que afectan su adecuado desarrollo y proponiendo orientaciones prácticas para abordarlos desde una perspectiva procedimental y ética. Tras de ellas está la constatación de que hay situaciones compartidas, independientemente de la competencia de que se trate, que transversalmente afectan el buen desarrollo de las mismas. Desde esa perspectiva se incorporan recomendaciones específicas y prácticas útiles para abordar audiencias complejas, criterios sobre equidad procesal, gestión de sesgos, trato respetuoso, neutralidad e inhabilidades, y algunas pautas para la adecuada fundamentación de las decisiones judiciales.

Esta guía forma parte de una línea de trabajo que la Academia Judicial ha venido desarrollando durante los últimos años, a través de la elaboración de materiales especializados para distintas competencias, como resultado de un trabajo colaborativo de magistradas y magistrados de diversas jurisdicciones, y del aporte de comités de revisión integrados por jueces y juezas con vasta experiencia en la conducción de audiencias. En este sentido, la Guía constituye un instrumento eminentemente práctico, pensado para ser utilizado en la preparación de las audiencias y en las distintas etapas de su desarrollo.

Estamos convencidos de que muchas mejoras relevantes en la calidad de la justicia pueden alcanzarse mediante ajustes en las prácticas cotidianas, apoyados en criterios técnicos compartidos y en un compromiso institucional con la excelencia judicial. Esperamos que esta guía contribuya a ese objetivo y resulte de utilidad para jueces y juezas, operadores jurídicos y, en definitiva, para el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema judicial.

Juan Enrique Vargas Viancos
 Director
 Academia Judicial

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