Mensaje inicial
Al cumplir un cuarto de siglo desde el comienzo de su implementación en el país, el actual sistema procesal penal muestra problemas en su funcionamiento que atentan contra algunos de los objetivos más importantes perseguidos al momento de su establecimiento. Dificultades en el agendamiento y efectiva realización de audiencias y juicios; en la gestión, presentación y captura de la información probatoria; criterios disímiles para la realización de actuaciones críticas; instituciones importantes en el diseño del sistema que han caído en el desuso, como las convenciones probatorias; son solo algunos ejemplos de estas dificultades, a las que sin duda podrían sumarse muchas más. La consecuencia más notoria de esta situación es el alargamiento de los procesos en tiempos que resultan contradictorios con una justicia pronta y oportuna y que, en definitiva, afectan su calidad y percepción pública.
Sin duda muchas de estas situaciones han sido generadas por diseños normativos perfectibles. De hecho, algunos de ellos han sido recientemente objeto de modificaciones legislativas en la ley sobre reincidencia y en varias otras reformas aprobadas en los últimos años. Pero existe conciencia que muchos de los problemas van más allá de las disposiciones legales, siendo de carácter más bien operativo o asentados en prácticas muy arraigadas entre los operadores incorporándose como aspectos de la cultura de trabajo del sistema a estas alturas, constituyendo obstáculos cuya remoción no se puede lograr ni menos dar por sentada con un simple cambio legal.
Es difícil imaginar una actividad estatal que destine recursos públicos y no existan limitaciones razonables de lo que se está dispuesto a gastar. El proceso busca satisfacer diversos intereses de los intervinientes, pero es indispensable que ellos sean articulados optimizando recursos públicos que, como todos sabemos, son limitados. En otras palabras, los intervinientes tienen derecho a un proceso, pero no necesariamente al que éstos aspiran dada la limitación de recursos existente. La idea de acceso a la justicia está a la base de lo anterior, pues bien se sabe que lo que se gasta en un caso ya no puede emplearse en otro.
Por lo anterior, la Academia Judicial siguiendo con el trabajo de buenas prácticas judiciales, pone a disposición de la judicatura y de litigantes institucionales y privados, esta guía que además de identificar las actividades de la conducción de la audiencia de juicio oral, releva nudos críticos que hoy ralentizan la audiencia y propone buenas prácticas y alternativas de solución para abordarlos, sin necesidad de nuevas reformas legales. Especial importancia se le asigna a la reunión de coordinación previa a la realización del juicio, pensada para los casos grandes y complejos, pero cuya lógica puede impregnar la totalidad del trabajo en los tribunales orales en lo penal. Estas reuniones previas son comunes en la experiencia comparada y crecientemente también en Chile, aunque no han terminado de asentarse.
Esta guía se suma a las que ya ha elaborado la Academia Judicial y nace de la constatación de que, pese a que instrumentos de este tipo han demostrado su utilidad en la experiencia comparada, no existe en nuestro país ninguna herramienta similar. Viene entonces a llenar una fuerte necesidad de diálogo y discusión entre pares, respecto a las prácticas cotidianas con que enfrenta cada uno su función. Es ese diálogo la única vía para avanzar reflexivamente sobre cuestiones que tienden muchas veces a burocratizarse y permiten relevar buenas prácticas que no se masifican, principalmente, porque se desconocen.
Es un documento que busca ser simple y directo en su construcción, de carácter muy práctico y con una presentación que facilite su utilización. De allí los diversos formatos en que se encuentra: se puede consultar en línea (la página web de la Academia Judicial ofrece la opción de bajarlo a computadores o teléfonos celulares), sin perjuicio de que también será publicada en formato impreso. Igualmente, con el fin de facilitar su uso, se contienen listas de verificación; links relacionados con diversos temas operativos; un buscador de contenidos; ejemplos concretos de audiencias tipo; y, modelos posibles de resoluciones.
Como se decía, estamos seguros que hay muchas medidas que bien pueden adoptarse al alero de la legislación actual, bastando para ello propuestas bien afinadas y el compromiso de todas las instituciones involucradas en materializarlas.
Esperamos realmente que este instrumento le sea útil a los y las jueces y a la comunidad legal en general y que logre contribuir a la mejora de la justicia que reciben nuestros ciudadanos.
Juan Enrique Vargas Viancos
Director Academia Judicial
